Los congresistas Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal.

Los referidos parlamentarios fueron incorporados en dicha pesquisa a raíz de la declaración del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien detalló en su testimonio ante el Ministerio Público el intercambio de favores: los legisladores votarían a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos a cambio de beneficios en investigaciones (archivos o dilaciones).

Según la denuncia, al incluirlos en la investigación, Delia Espinoza habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, así como supuestamente haber vulnerado la Constitución Política del Perú. Por ello, piden que se le levante el antejuicio político y se le inhabilite 10 años de la función pública.

De acuerdo con la denuncia constitucional, solo el fiscal de la Nación puede investigar a los altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio, como los congresistas. En ese sentido, los parlamentarios alegan que el llamado a ley para investigarlos es Juan Carlos Villena y no Delia Espinoza.

“El artículo 1 de la ley 27399 confiere expresamente al Fiscal de la Nación la competencia de realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en artículo 99 de la Constitución, es decir, es el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República”, se lee en el texto.

Sin embargo, los congresistas omiten que Juan Carlos Villena se excusó de tener a su cargo la investigación contra Patricia Benavides —en consecuencia, contra los parlamentarios que fueron luego incluidos— en base al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahí se establece que los fiscales deben excusarse de intervenir en una investigación si es que su presencia pueda poner en tela de juicio la imparcialidad del caso.