Avanza País pagó más de S/ 57 mil del financiamiento público a empresa investigada en el caso Odebrecht

Infobae Perú accedió a la rendición de cuentas de la agrupación. Giovanna Peñaflor Guerra, representante legal de la compañía incorporada por el presunto delito de lavado de activos, también fue beneficiada como persona natural con un monto mayor a los S/ 16 mil

El uso del dinero del financiamiento público otorgado a Avanza País, con la venia de Luis Flores, sigue dando de qué hablar. Al casi medio millón de soles destinados a capacitaciones por parte de una empresa que funcionaba en una fotocopiadora, se le suman los servicios de una compañía investigada por supuesto lavado de activos en la trama de Odebrecht, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas que se presentó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Se trata de la empresa Imasen SAC, a la cual la agrupación política, con representación en la Mesa Directiva del Congreso, pagó 57 mil 400 soles por el “Servicio para la realización de una evaluación sobre las necesidades de desarrollo en las ciudades comprendidas en la primera fase del programa de expansión geopolítica a nivel nacional”.

Ello, pese a que, en una resolución de abril del 2023, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la incorporación de la compañía mencionada y, en noviembre del mismo año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmara dicha decisión.

Según el Equipo Especial Lava Jato, la empresa brindó servicios a las campañas políticas del ‘No a la revocatoria’ y la reelección de Villarán, y obtuvo contratos con la Municipalidad de Lima, Odebrecht y Epoke Consultoría Em Midia de Luis Favre. Todo ello bajo la gestión de Giovanna Peñaflor Guerra, quien —según el expediente— habría aprovechado su posición como gerente general para captar fondos ilícitos y realizar transferencias financieras a cuentas de la compañía en distintos bancos, facilitando así el blanqueo de dinero.

De acuerdo con la tesis fiscal, entre 2011 y 2014, Imasen SAC facturó 457 mil 777 soles‬ por servicios para la Municipalidad de Lima, pero solo recibió 309 mil 947 soles. Asimismo, consideró que la comuna emitió 11 órdenes de servicio a favor de la empresa sin los respectivos contratos.

Según el Equipo Especial Lava Jato, la empresa brindó servicios a las campañas políticas del ‘No a la revocatoria’ y la reelección de Villarán, y obtuvo contratos con la Municipalidad de Lima, Odebrecht y Epoke Consultoría Em Midia de Luis Favre. Todo ello bajo la gestión de Giovanna Peñaflor Guerra, quien —según el expediente— habría aprovechado su posición como gerente general para captar fondos ilícitos y realizar transferencias financieras a cuentas de la compañía en distintos bancos, facilitando así el blanqueo de dinero.

De acuerdo con la tesis fiscal, entre 2011 y 2014, Imasen SAC facturó 457 mil 777 soles‬ por servicios para la Municipalidad de Lima, pero solo recibió 309 mil 947 soles. Asimismo, consideró que la comuna emitió 11 órdenes de servicio a favor de la empresa sin los respectivos contratos.

Por otro lado, entre 2012 y 2013, Odebrecht contrató a Imasen SAC para la realización de una encuesta sobre las expectativas para el proyecto Vías Nuevas de Lima y una evaluación sobre el clima político. El monto total por estos servicios fue 326 mil 820 soles, pero a las cuentas solo habría ingresado 66 mil 616 soles. El resto, según la investigación, fue cobrado por la gerente.

El Equipo Especial también detectó que, en 2013, Imasen SAC contrató a Epoke Consultoría Em Midia para una consultoría por 600 mil dólares, pero no existiría evidencia de que los servicios se hayan efectuado.

Asimismo, que, solo en 2014, Imasen SAC recibió más de 395 mil dólares desde el extranjero, sin que se haya podido justificar el origen de este monto. Incluso, de acuerdo a la Fiscalía, de una parte de los depósitos “no se tiene la cuenta de dónde se origina la transferencia ni el ordenante ni mucho menos a qué persona se envió el informe que corresponda a esas transferencias”.

Además de los montos que Avanza País destinó para dicha empresa, también se optó por pagar S/ 16 mil 740 a Peñaflor como persona natural por un servicio de media training. El periodista Alonso Ramos reveló que la ONPE determinó que no cumple con las disposiciones legales vigentes sobre el uso de fondos partidarios. Ello, dado que el servicio fue en favor de los voceros y no de la formación partidaria.

En diálogo con este medio, Giovanna Peñaflor insistió en que se siguió con el procedimiento estipulado al postular en una convocatoria. Mencionó que si bien la encuestadora se encuentra investigada, ello no la impide laborar. “Es una empresa que tiene varios años de vida, no un año ni cinco. […] Yo tengo un MBA y mucho tiempo haciendo investigación de mercado”, declaró.

Aclaró que no conocía el informe de la ONPE que advertía de que el media training realizado por ella no cumplía con lo establecido. “Nosotros jamás hemos sido informados de ninguna observación ni de ningún problema con ese tema. […] A mí me solicitan el servicio que requieren y yo lo brindo”, expuso.

Sobre la investigación, indicó que aún no pasa a etapa de juicio, y dijo que se abrió en contra de ella y Samuel Sánchez Peñaflor solo “porque necesitan más de una persona”

Tal como se comentó inicialmente, no es la primera vez que se presentan críticas a la participación de Luis Flores, secretario nacional del partido, y se le vincula con el mal uso de fondos públicos.

Además de cuestionarse el contrato por S/ 465 mil con Global Perú Comunicaciones, una empresa que funciona en un puesto de fotocopias, se conoció que estaba relacionada con su círculo cercano. En comunicación con Infobae Perú, el secretario nacional de Avanza País mencionó que todas las contrataciones del partido político se hicieron “cumpliendo estrictamente con la Ley 28094 y su reglamento”.

Asimismo, dijo que “no existe un registro para verificar si la empresa está bajo investigación judicial por algún motivo”, por lo que al momento de la contratación no tenían conocimiento de que la compañía se encuentra investigada en el contexto del caso Odebrecht.

Al precisarle que las resoluciones sobre la incorporación y ratificación de Imasen en la investigación eran públicas, pues habían sido compartidas en internet por distintos medios de comunicación, y consultarle sobre el procedimiento al momento de optar por una empresa, solicitó los links y dejó de responder.