Rafael López Aliaga enfrenta al MEF y desacata decreto con ordenanza municipal que involucra deuda de S/4.000 millones

Salud fiscal en riesgo. El alcalde de Lima ha hecho caso omiso a la orden fiscal del MEF y ha emitido una ordenanza que desacata lo dispuesto por el Ministerio de Economía respecto a una operación de financiamiento millonaria.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha emitido una deuda millonaria, cifrada en S/4.000 millones (aproximadamente US$1.000 millones), que compromete los ingresos futuros de la comuna por los próximos 20 años, lo cual ha generado una ola de cuestionamientos y advertencias sobre el posible sobreendeudamiento que enfrentará la capital peruana.

sta polémica decisión, tomada pese a las advertencias del Consejo Fiscal y transgrediendo un decreto de urgencia emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha causado inquietud no solo por la salud fiscal del país, sino también por la viabilidad financiera de proyectos futuros en la capital.

Un análisis de Ojo Público recuerda que en junio de 2023, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó, a través de un acuerdo, la emisión de bonos destinados a financiar un total de 42 proyectos de inversión prioritarios identificados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025. Sin embargo, esta estrategia financiera fue objeto de un análisis crítico por parte de la Contraloría, que observó la falta de sustento de la comuna dirigida por López Aliaga para este nivel de endeudamiento, advirtiendo duplicidades en el paquete de proyectos y la insuficiencia de expedientes técnicos.

Aun así, el 27 de diciembre de 2023, se concretó la primera emisión de bonos por un valor de S/1.205 millones (alrededor de US$325 millones), a una tasa anual del 10,1%, un hecho que la Municipalidad calificó de “hito histórico”, según publicó en un comunicado.

Este inusitado movimiento financiero despertó la preocupación del Consejo Fiscal, que rápidamente reaccionó señalando una “peligrosa situación de sobreendeudamiento” que multiplicaría casi por 4,5 veces los ingresos corrientes de la Municipalidad de Lima. “Esta medida compromete la disponibilidad de recursos futuros de la MML”, enfatizó, aludiendo al elevado costo financiero que impone una presión adicional sobre la rentabilidad de los proyectos a financiar.

Las reglas fiscales en Perú establecen un límite de endeudamiento para gobiernos regionales y locales del 100% de sus ingresos de los últimos cuatro años, pero la Municipalidad de Lima logró superar este tope mediante el aval de calificaciones de dos agencias locales: Pacific Credit Rating y Apoyo & Asociados Internacionales.

Esto, a pesar de que calificadoras internacionales como Fitch Ratings y Moody’s mantenían perspectivas negativas sobre la capacidad de endeudamiento de la MML. El economista Luis Arias Minaya, exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), indicó a Ojo Público la capital ya superaba este límite desde fines de 2022, alcanzando un endeudamiento del 120% de sus ingresos, cifra que con la emisión de bonos subiría por encima del 500%.

El pasado 22 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comandado por José Arista quien ha propulsado una política de austeridad, publicó un decreto de urgencia, en el que se dispone la suspensión temporal hasta el 31 de diciembre de 2024, de la excepción del decreto legislativo 1275, con el objetivo de evitar futuras operaciones de deuda del municipio.

En respuesta, la Municipalidad de Lima, liderada por López Aliaga, emitió el último 6 de marzo la ordenanza municipal 2604 que establece que la comuna de la capital tiene prioridad en su autonomía económica y financiera, así como la facultad de decidir sobre su capacidad para endeudarse con recursos propios. Esto se hace con el fin de financiar el programa de inversiones planificado para el periodo 2023-2026.

Con esta maniobra financiera, la gestión de López Aliaga no solo enfrenta cuestionamientos por el potencial efecto en las futuras administraciones municipales, que verían comprometidos sus recursos por los siguientes veinte años, sino también por la posible afectación a la sostenibilidad y salud fiscal de Lima y, por extensión, del país.

Recientemente el titular del Ministerio de Economía, José Arista, aseguró en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo interviene en la gestión financiera de la municipalidad porque, en última instancia, si estas no pueden hacer frente a sus deudas, la responsabilidad recae sobre el gobierno central. Los acreedores no demandarían solo a la municipalidad, sino al país en su conjunto, lo que afectaría a todos los ciudadanos. Por ello le pidió cautela con la toma de deuda, por la salud fiscal del país.

Karla Gaviño Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, aclara al citado medio que una ordenanza municipal sí tiene rango de ley, pero que esta se ciñe al marco general del país. Y, en ese sentido, la política fiscal es competencia del Ministerio de Economía, por lo que la Municipalidad de Lima tiene que aplicar el decreto de urgencia del Poder Ejecutivo. “Que con una ordenanza la MML pretenda contravenirlo es sumamente cuestionable”, apuntó.