Más de un siglo sin agua potable: asentamientos humanos en Piura acusan de ‘mentirosa’ a ministra Hania Pérez de Cuéllar por incumplir promesas

El dirigente Javier Vargas denunció públicamente a la titular de dicha cartera, acusándola de retrasar la licitación de megaproyecto de agua y alcantarillado. La situación mantiene sin el recurso básico alrededor de medio millón de ciudadanos en Piura

Al norte del país, el rechazo contra la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, es contundente. Esta mañana, el dirigente del Asentamiento Humano La Molina - Veintiséis de Octubre, Javier Vargas, denunció públicamente a la titular de dicha cartera, acusándola de mentir sobre la licitación de un megaproyecto de agua y alcantarillado, a favor de 96 asentamientos humanos que reúnen aproximadamente a medio millón de personas en Piura.

En diálogo con Exitosa, Vargas criticó la falta de coherencia en los plazos anunciados por la ministra para el inicio de las obras, recordando que las fechas han sido aplazadas en repetidas ocasiones.

Según Vargas, la ministra había mencionado que la licitación se adjudicaría el 22 de febrero de este año; sin embargo, esta se postergó al 28 de febrero, 4 de marzo, 8 de marzo y finalmente hasta el 26 de marzo, antes de declarar su nulidad mediante una resolución en el marco del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Asimismo, el dirigente señala que, aunque se suscribió un acuerdo en presencia del viceministro de Vivienda y de los alcaldes provinciales de Piura y los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, donde se comprometieron a iniciar el proyecto en junio, la población ha perdido la confianza en las autoridades.

En ese sentido, Vargas sostiene que estas inconsistencias han llevado a la comunidad a considerar medidas de luchas para exigir el cumplimiento del proyecto, como un paro regional.

Además, agrega que la ministra Pérez de Cuéllar había presentado en marzo del año pasado una resolución otorgando la buena pro a una empresa con el fin de implementar la obra, solo para anularla un mes después, una acción que les da razones suficientes para dudar de esta persona de la funcionaria, opinó Vargas a través de Exitosa.

En ese marco, la problemática se agrava debido a que Piura ha estado sin un sistema adecuado de agua potable durante más de 100 años. En este caso, en particular, los ciudadanos que viven en dichos asentamientos humanos aún tienen que hacer silos en sus casas para sus necesidades debido a la falta del recurso, una realidad que consideran inaceptable debido a que ha generado problemas de salubridad y espacio.

Por ello, la población considera este tipo de proyectos no solo una mejora en el suministro de agua, sino también en la salud pública y sostenibilidad de las infraestructuras urbanas.

Ahora, la expectativa por conocer la resolución de la licitación está puesta en el 5 de julio, fecha en la cual las familias esperan que se presenten avances concretos en el proyecto de agua y alcantarillado, que, detalla Vargas, ya ha comenzado a mostrar resultados positivos en cuanto a la renovación de las redes del líquido elemento en 52 de los 94 sectores afectados.

En el mes de abril, el viceministro de Construcción, Jorge Bustamante, aseguró que el proyecto aún se realizaría. No obstante, el proceso inicial de la licitación, otorgada el año pasado, fue revocado y regresó a etapas previas varias veces.

Posteriormente, la licitación fue anulada el 26 de marzo. Ante el descontento y los fallos en la gestión del proyecto, el alcalde Gabriel Madrid pidió la interpelación de la ministra Pérez de Cuéllar.

Pero, ciertamente, el origen de los problemas con la licitación se remonta al 2023, cuando la Contraloría General de la República descubrió que la empresa ganadora, China Tiesiju Civil Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE), presentó documentación de otra compañía para acreditar su experiencia.

Además, un informe del Congreso de la República mencionó a CTCGE y su matriz, China Railway Tunnel Group, como parte del denominado “Club del Dragón”, un grupo de empresas chinas que habrían obtenido contratos de manera irregular en varios niveles de gobierno.

Esta investigación incluyó actividades durante las administraciones de los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo