MML pierde arbitraje contra Lima Expresa
Municipalidad de Lima metropolitana pierde arbitraje contra Lima Expresa y Rafael López Aliaga se niega a pagar compensación de US$ 46 millones
Lima Expresa pidió al tribunal que declare que la comuna está obligada a pagar compensaciones por sobrecostos, producto de incumplimientos del contrato
La Municipalidad Metropolitana de Lima volvió a perder un arbitraje internacional. La derrota ahora es contra Lima Expresa, por el contrato de concesión de la vía expresa Línea Amarilla. El proceso lo inició la comuna en 2019, durante la gestión del vacado exalcalde Jorge Muñoz y continuó hasta la actual gestión de Rafael López Aliaga.
En su demanda, la MML requería al Tribunal arbitral que declare nulo el contrato de concesión, así como la respectiva adenda, por haber sido producto de sobornos y actos de corrupción que “desnaturalizaron el contrato y violaron el equilibrio económico financiero”.
Por su lado, Lima Expresa pidió al tribunal que declare que la comuna está obligada a pagar compensaciones por sobrecostos, producto de incumplimientos del contrato, así como perdidas por eventos geológicos extraordinarios, vías alternas, el Fenómeno de El Niño Costero, entre otros.
Sin embargo, la Cámara de Arbitraje Internacional de París no aceptó la pretensión de la Municipalidad de Lima debido a que no se ha determinado judicialmente que el contrato de concesión nació de actos de corrupción. El tribunal, que recuerda que no es un tribunal penal, hace mención que el caso actualmente está en etapa de acusación.
El tribunal arbitral sí admitió algunos reclamos de Lima Expresa, por lo que ordena a la Municipalidad de Lima pagar a la empresa concesionara una compensación económica que supera los 46 millones de dólares, monto que incrementará cuando sea actualizado en el laudo final.
López Aliaga en negación
En conferencia de prensa, el alcalde Rafael López Aliaga rechazó el laudo parcial emitido por la Cámara de Arbitraje Internacional de París y aseveró que la Municipalidad de Lima no le pagará a “grupos criminales”. En su intervención, además, cuestionó a la justicia peruana y se refirió a la exalcadesa Susana Villarán, quien admitió haber recibido dinero de Odebrecht y OAS durante su gestión.
Fallos anteriores
Pese al anuncio del alcalde de judicializar el reciente laudo parcial en Estados Unidos, ya en una ocasión la justicia estadounidense rechazó anular dos laudos a favor de Rutas de Lima. En marzo de este año, la Corte de Columbia desestimó la acción legal impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima que pretendía invalidar los dos fallos arbitrales.
Estos laudos dictaminan una compensación económica de 196 millones de dólares a la concesionaria, cantidad que incluye intereses. Este veredicto surgió ante las acusaciones de supuestos sobornos por parte de Rutas de Lima a funcionarios para asegurar el contrato de concesión. Sin embargo, la magistrada Ana C. Reyes argumentó que dichas alegaciones no se encuentran contempladas en la Ley Federal de Arbitraje (FAA) como motivos para anular un laudo arbitral.
En detalle, la jueza indicó que la reclamación de la MML carecía de fundamento bajo las estipulaciones de la Ley Federal de Arbitraje, que admite la anulación de un laudo solo si se demuestra haber sido obtenido mediante corrupción, fraude o medios indebidos. El municipio había argumentado que Rutas de Lima cometió fraude al negar los supuestos sobornos en el proceso arbitral. No obstante, Reyes subrayó que, para validar esta acusación, primero se debe comprobar el acto de soborno. Las pruebas presentadas por la municipalidad, incluyendo testimonios y declaraciones consideradas no fiables por la jueza debido a su procedencia y falta de traducción certificada, fueron insuficientes para sustentar su caso.
El origen de los arbitrajes internacionales entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se remonta a disputas vinculadas con la unidad de peaje del Río Chillón, en puente Piedra, actualmente suspendida por una resolución del Tribunal Constitucional.
No está de más mencionar que existe un tercer proceso arbitral iniciado por Rutas de Lima contra el Estado peruano, asociado a los intentos del alcalde Rafael López Aliaga por terminar unilateralmente la concesión y tomar control sobre los peajes.
