Jorge Montoya denunció a Verónika Mendoza por “insurgencia”, pese a que derecho está reconocido en la Constitución

Vocero de la bancada Honor y Democracia instó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a procesar a la política por una supuesta perturbación en el funcionamiento del sistema democrático

Jorge Montoya, vocero de la bancada Honor y Democracia, presentó una denuncia contra Verónika Mendoza, lideresa del partido Nuevo Perú por un Buen Vivir, por presunta incitación a disturbios y conspiración para rebelión, sedición o motín. La demanda, dirigido al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sugiere que Mendoza instó a la insurrección durante un evento proselitista en Cusco.

De acuerdo al documento, las palabras de la excandidata presidencial son “antidemocráticas, contrarias al orden legal y exhortando a la población a que se levante contra el orden democrático antes de las elecciones”,

“¡Insurgencia Ciudadana! ¡Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, nadie debe respeto a leyes espurias, incluso esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana. ¡No tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este Gobierno y Congreso mafiosos, nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir!”, fueron sus palabras, precisa la demanda.

En ese sentido, invocaron al titular del Ministerio Público a disponer “la inmediata y urgente intervención de las fiscalías de prevención del delito competentes para evitar alteraciones al orden público y comisión de los delitos denunciados”, e investigar actividades similares en las regiones de Puno y Arequipa, atribuibles a la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL).

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la política calificó el documento de “amenaza y leguleyada”. Sin embargo, mencionó que ello no causaría efecto alguno. “El derecho a la protesta e insurgencia están respaldados por la Constitución y el derecho internacional, pero sobre todo de dignidad, algo que estos firmantes de actas de sujeción a mafiosos nunca entenderán”, escribió.

Asimismo, retuiteó varios de los comentarios pertenecientes a personas que, pese a que no coinciden con su ideología, reconocieron que sus declaraciones son lícitas. “Uno puede discrepar con Verónica Mendoza, pero la denuncia de congresista Jorge Montoya ante la Fiscalía de la Nación es una tontería. El derecho a la insurgencia está consagrado en la mayoría de constituciones del mundo. Si está en contra que debata con ella. Pero llegar a este extremo es ridículo”, expresó Juan Sheput.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque recordó que hace meses atrás la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló: “La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional Art. 46 Constitución. Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la constitución y las leyes”.

Mencionó que dichas declaraciones se dieron en rechazo a decisiones mayoritarias del Congreso de buscar controlar el sistema judicial y electoral y en medio de la imposición de una bicameralidad que le impidió a la población también participar, donde se reformaron más de 50 artículos de la Constitución.

“Esta situación de evidente imposición de votos en cogobierno con Dina Boluarte no puede negarse, ¿el Gobierno de Dina Boluarte ha defendido el equilibrio de poderes? ¿Ha observado públicamente decisiones legales nefastas, como el debilitamiento del delito de organización criminal? NO. Entonces instrumentalizar políticamente el uso de la vía de prevención del delito, es absurdo, pues pretende negar el derecho que los peruanos tenemos a expresar nuestro malestar frente a evidentes retrocesos que afectan la misma democracia. Además, hacerlo previo a manifestaciones ciudadanas que son públicas, expresa más bien una forma de amedrentamiento político contra voces opositoras como la de Verónika Mendoza”, escribió.

“El Ministerio Público no debe dar cabida al uso abusivo del derecho, y más bien velar por el ejercicio de los derechos fundamentales durante las manifestaciones públicas anunciadas, entre ellas las que los heridos y víctimas convocan exigiendo justicia, que por cierto también fue negada con el archivamiento de una denuncia en el Congreso y la imposibilidad de por lo menos permitir una comisión investigadora”, sentenció.