Congreso rechaza pedido de pensión vitalicia de Pedro Castillo: decisión puede ser precedente para Alberto Fujimori

El Legislativo descartó la posibilidad de que el expresidente acceda a una pensión vitalicia de S/15.600 soles, por haber estado sujeto a una acusación constitucional. El mismo caso se daría en la situación de Alberto Fujimori

El Congreso de la República del Perú negó definitivamente la solicitud del expresidente Pedro Castillo para acceder a una pensión vitalicia de S/15.600 mensuales. La decisión se tomó tras declarar infundada la apelación de Castillo contra una resolución administrativa inicial en la que se había rechazado el beneficio y que podría generar un antecedente para que este mismo pedido no sea otorgado al exdictador Alberto Fujimori, luego de que este requiriera se le entregue la pensión pese a estar sentenciado.

La negativa del Parlamento se basa en la existencia de una acusación constitucional aprobada contra Castillo; hecho que también fue registrado en contra de Fujimori en el 2000; tras la aprobación de una acusación presentada por el entonces congresista César Acuña. Ahora, este rechazo ha sido reiterado en contra de Castillo Terrones, según lo detallado por el abogado del exmandatario, Walter Ayala, en una entrevista realizada por el medio El Comercio.

“Así es (lo rechazaron), y cuando se declara infundado el pronunciamiento es por el tema de fondo. Lo que vemos es que han recurrido a los mismos argumentos de la primera resolución. Es decir, que existe una acusación constitucional (aprobada en contra de mi cliente). Ese es el único fundamento. No han tenido en cuenta que él tenía ya un derecho adquirido”, precisó el exministro de Defensa, que ahora funge como representante del expresidente.

Es así que, tomando como base esta acusación, se considera que Castillo no tiene derecho a la pensión, aunque según Ayala, su cliente ya tenía un “derecho adquirido”. Por ello, y como una medida de respuesta a la decisión del Legislativo, el abogado adelantó que presentará una acción de amparo ante una sala constitucional del Poder Judicial.

Efectivamente, en febrero de 2023, el Poder Legislativo aprobó la acusación constitucional contra Castillo, autorizando la formación de una causa penal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Esto se originó a partir de denuncias de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, relacionadas con casos como Petro-Perú y diversas obras públicas.