Congreso aprueba modificar ley contra crimen organizado, pero denuncian que “beneficia a organizaciones como el Tren de Aragua”

El proyecto de ley, aprobado en primera votación, fue criticado por legisladores que argumentan podría dificultar investigaciones en curso y favorecer a redes criminales

El pleno del Congreso aprobó este jueves, en primera votación, el proyecto de ley que modifica la normativa contra el crimen organizado. La iniciativa, que recibió 43 votos a favor, deberá ser sometida a una segunda votación en los próximos siete días calendario.

El proyecto es de autoría de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Durante el debate, los legisladores Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y Héctor Valer (Somos Perú) se mostraron en contra de la propuesta, al argumentar que las modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales vinculadas a la tala ilegal y la trata de personas.

El dictamen aprobado establece, en rigor, que las organizaciones criminales deben ser sancionadas con penas privativas de libertad mayores a seis años. Además, permite al fiscal solicitar al juez el bloqueo e inmovilización de cuentas, excepto ingresos vinculados a la subsistencia del investigado, como pensiones por jubilación e ingresos laborales acreditados.

Esta última medida, según el texto, no puede durar más de 15 días, aunque puede prorrogarse por otros quince mediante requerimiento del fiscal provincial y resolución motivada del juez penal. El allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, fuera de casos de flagrante delito o peligro inminente, procederá solo si existen motivos razonables y suficientes pruebas.

Estos últimos puntos, recalcó Luque, podrían ser utilizados para boicotear allanamientos, como el reciente de la Fiscalía en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno por una investigación de corrupción. Imágenes difundidas en varios medios mostraron imágenes de agentes que rompían la cerradura de la residencia en Surquillo tras no recibir respuesta.

Previo al la aprobación, el legislador Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentó el nuevo texto sustitutorio, consensuado con diversas bancadas. El debate fue dirigido por el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría.