JNE responde a Fiscalía por inscripción de partido Antauro: ¿qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones?

El Ministerio Público solicitó a la institución liderada por Jorge Luis Salas Arenas que remita un informe técnico sobre la configuración de conducta antidemocrática que tendría la agrupación vinculada a Antauro Humala

Ante la denuncia de prácticas antidemocráticas por parte del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), la Fiscalía solicitó un informe al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En un oficio entregado este jueves 21 de marzo, la institución electoral liderada por Jorge Luis Salas Arenas respondió al pedido.

Lejos de especificar si las declaraciones de Antauro Humala constituyen conductas antidemocráticas o si durante el proceso de inscripción se interpuso alguna tacha, oposición y otros cuestionamientos, el JNE se limitó a decir que no le es posible pronunciarse sobre la conducta de una organización política inscrita.

“(…) el Pleno del JNE se encuentra desprovisto de competencia y facultades para efectuar verificaciones sobre el comportamiento democrático o no democrático de las organizaciones políticas inscritas; subrogarse o emitir opinión técnica sobre la calificación o subsunción de los supuestos fácticos o jurídicos de ilegalización de conducta antidemocrática, así como efectuar indagaciones o emitir pronunciamiento sobre su configuración, dado que, en el ámbito de inscripción de la organización política, como ya se mencionó, sus competencias y facultades de intervención se circunscriben únicamente a la función jurisdiccional electoral”, precisa el documento.

En ese sentido, la entidad mencionó que “no resulta posible atender el extremo del presente pedido” y que, en el caso de constatarse alguna modalidad de fraude a ley, corresponderá la emisión de la decisión pertinente a la autoridad legalmente competente, reservándose a esta la determinación de la existencia o no de conductas antidemocráticas.

“De considerarlo pertinente, podrán disponer de diversas diligencias, entre otras, verificar si las últimas declaraciones juradas de los fundadores de la organización política, son acordes o no a su estatuto y se condicen con el desempeño de las actividades que realiza su partido político”, agregaron.

Como se recuerda, la solicitud se hizo a partir del pedido del parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien advirtió que la agrupación estaría “legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”.

En el oficio remitido a la oficina del fiscal Juan Carlos Villena, el legislador mencionó que el hermano del expresidente Ollanta Humala “ha indicado y/o justificado un golpe de Estado en la actualidad, cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una Asamblea Constituyente”.

Ello, al mencionar en distintas entrevistas que cerraría al Congreso por “no acatar la Constitución de 1979 que no pierde vigencia”, que un comandante general de las Fuerzas Armadas genere un “golpe de Estado no anodino, debería establecer el orden”, y que estaría dispuesto a fusilar a generales y coroneles del Ejército porque “el sistema funciona si el hombre sabe lo que va a pasar si se corrompe”.

Incluso, en diálogo con La República, anunció que fomentará la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, el cual “prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados integrantes”.

“Vamos a salir porque tenemos que fusilar a expresidentes en el Perú, moralizar a la sociedad. Antes de defender los derechos humanos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala (su hermano), yo prefiero defender los derechos humanos del pueblo peruano, los principales damnificados”, declaró al medio mencionado.